Los hechos y las consecuencias
Antecedentes
La obra del “paso deprimido” no estaba entre las promesas de campaña de la Arq. Araujo Lara, tampoco el Plan Municipal de Desarrollo 2010-2012 incluyó esa u otras obras similares. En el presupuesto municipal para 2011 no se consideraron recursos para la realización de la obra, pese al elevado costo de la misma. Tampoco apareció en el listado de obras municipales susceptibles de “consulta pública” turnado al IPEPAC.
Por si lo anterior no bastase para demostrar que la obra del “paso deprimido” no fue debidamente planeada, durante los meses de marzo y abril de este año, el Ayuntamiento de Mérida aplicó una inversión considerable en el remozamiento de la glorieta y de la fuente, que en ese entonces fue rebautizada como
Glorieta de la Paz.
Cuando surgió la idea de realizar el “paso deprimido” no se atendieron los requisitos mínimos indispensables para la formulación del proyecto técnico respectivo. Tampoco se preocuparon las autoridades municipales en realizar los estudios de vialidad ni los estudios de suelos e hidrología de la zona.
Como se les hizo ver en su momento por especialistas del ramo, la sola propuesta del “distribuidor vial” violaba normas básicas en materia de vialidad y de equipamiento urbano (como el Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras y Vialidades Urbanas, de la SCT o el Reglamento de Construcciones municipal –art. 109-), así como la Declaratoria de Patrimonio Cultural, que designó a la Colonia México y su entorno zona patrimonial de importancia cultural.
Tanto la solución vial a un problema inexistente como la decisión de fracturar un nodo de gran relevancia urbana -el que forman la Prolongación del Paseo Montejo y el Circuito Colonias- mediante un paso inferior, mereció la inmediata y contundente reprobación de especialistas y legos, destacándose por la calidad de los argumentos los estudios del Colegio Yucatecos de Arquitectos A.C. y el que un grupo de arquitectos independientes (Quijano Axle, Muñoz Menéndez, Zoreda, et. al.) formuló en materia de vialidad. Tampoco se consideró el análisis de los arquitectos especialistas en Conservación (Marco Tulio Peraza, Enrique Urzàiz, entre otros) ni las opiniones de organismos especializados como Plan Estratégico de Yucatán, ICOMOS y DoCoMoMo. Por la premura de sacar adelante la obra “a como diera lugar” no se atendieron las solicitudes de la CANACOME, la COPARMEX y la CANIRAC, entre otras organizaciones y agrupamientos sociales, que simplemente querían ser escuchados y conocer el sustento de una decisión de tanta trascendencia para la ciudad y para sus pobladores.
Sin atenderse todas esas razones, propuestas y objeciones, sin realizarse los estudios anteriormente enlistados, sin un proyecto ejecutivo que lo sustentase y sin contar siquiera con la autorización de CONAGUA y con el Manifiesto de Impacto Ambiental emitido por la SEMARNAT, se licitó y se adjudicó la obra, omitiendo la obligada
consulta a órganos colegiados que forman parte de la estructura municipal de gobierno, como el Comité Municipal de Planeación, el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano o el Consejo para el Patrimonio Urbano, en ese momento, de reciente integración.
La represión del 4 de julio
Todas las voces privilegiaban el diálogo, demandaban a sus gobernantes razones y solicitaban ser escuchados. A la sorpresa con que actuó la autoridad siguieron la cerrazón y las primeras descalificaciones –por parte de algunos regidores y funcionarios municipales- de las personas y organismos que habían expresado su oposición a la obra y su rechazo a la imposición de la misma. No supimos ver en estas manifestaciones de violencia verbal la escalada represiva que ya se preparaba.
Después de cinco “plantones” sabatinos, convocados originalmente por los vecinos de la zona afectada; después de numerosas reuniones de legos y de especialistas, convocadas para analizar y discutir del proyecto de túnel o paso deprimido; después de haberse enviado decenas de oficios y excitativas a las autoridades municipales, insistiendo en la necesidad de dialogar, de revisar la decisión tomada; una vez que transcurrieron todos los plazos de la licitación de la obra y cuando se hubo asignado ésta, finalmente un grupo de ciudadanos decidió ACAMPAR, de manera permanente, en los alrededores de la glorieta de la Colonia México, como manifestación de protesta por el comportamiento de la autoridad municipal y en oposición a la construcción del túnel.
El CAMPAMENTO empezó el vienes 1 de julio, a las 21 hrs. Una treintena de hombres y mujeres, de todas las edades, permanecían reunidos, informando a quienes se acercaban de las razones del movimiento. Cumplidas las primeras 48 hrs. de la protesta ciudadana, todo transcurrió en paz, sin mayores incidentes. Fue la madrugada del lunes 4, cuando se dio la primera agresión, al mismo tiempo que funcionarios municipales supervisaban la entrada de máquinas, operadores y de un numeroso contingente de guardias privados con uniforme. La agresión de la una de la mañana se repitió a las 6 y pasadas las 8. Las reiteradas solicitudes de intervención policial fueron desoídas, lo que dejó ver que una estrategia para la desocupación de los manifestantes se había puesto en marcha. Lo que nunca pensamos fue que asumiera los matices de violencia e impunidad que cobró.
Las reiteradas agresiones mañaneras propiciaron que numerosas personas, de todas las edades y condiciones sociales, se concentraran en los alrededores de la todavía intocada fuente de la Colonia México. Obviamente, los concurrentes simpatizaban con el movimiento de protesta y, con su presencia, repudiaban la cerrazón gubernamental. Fue unos minutos después de las 14 hrs, cuando un numeroso grupo de pandilleros, convocados y monitoreados por funcionarios municipales y estatales presentes en la zona, desataron una golpiza contra los manifestantes, sin que estos pudieran siquiera defenderse ante la ventaja numérica y los objetos contundentes que utilizaban los golpeadores de oficio.
A pesar de haberse solicitado la intervención policial desde la primera agresión, efectuada a la una de la mañana, las fuerzas policiales estuvieron ausentes y renuentes a intervenir, incluyendo la cuarta agresión, efectuada 13 horas más tarde, cuando los grupos de golpeadores fueron descargados frente a las patrullas y pasaron ante contingentes policiales que se mantenía a distancia estratégica del área de las agresiones. La gobernadora Ivonne Ortega ratificó públicamente que ella dio la orden de no intervenir a todos los mandos y agrupamientos policiales para no ser motivo de mayor encono “entre los grupos enfrentados”.
A pesar de las evidencias empíricas y de las numerosas pruebas documentales, que son del dominio público y que se hicieron llegar a las autoridades como respaldo a las 18 denuncias penales por agresión, que fueron presentadas por las víctimas de la agresión, de manera personal; a pesar de las facilidades con que han contado los integrantes de la Fiscalía para investigar, sin obstáculos, los hechos ocurridos el 4 de julio del 2011; a pesar de que han transcurrido DOS AÑOS de la agresión del 4 de julio, nada, absolutamente nada ha cambiado el comportamiento de nuestras autoridades: no hay detenidos, las obras del túnel se concluyeron con numerosas deficiencias y fallas estructurales. Con el relevo gubernamental, mientras las autoridades municipales han presentado ya dos denuncias penales en contra de funcionarios de la anterior administración, el gobierno del estado mantiene una actitud omisa, brindando impunidad a quienes saquearon el erario y utilizaron la violencia como respuesta a las demandas ciudadanas de transparencia y rendición de cuentas.
La Cadena de las Glorietas
El sábado 23 de septiembre de 2011 se verificó un evento inédito en nuestra ciudad, la Cadena de las Glorietas: más de seis mil personas estrelazaron sus brazos para construir una cadena humana del inicio del Paseo Montejo a la glorieta de Gonzalo Guerrero. Una manifestación masiva, pacífica, en que hombres y mujeres se sumaron de manera libre y voluntaria –diríamos hasta FESTIVA- para repudiar la violencia y el derroche público, para exigir a las autoridades del municipio y del estado transparencia y rendición de cuentas.
Aunque el evento ciudadano no logró la enmienda de las autoridades si constituyó un hito, el cambio de una actitud reactiva a otra, proactiva, el paso de la resistencia a la propuesta, consciente la ciudadanía de su poder y del valor que representa su voluntad y su decisión para hacerla valer. Fue así como se logró echar del ayuntamiento de Mérida a la pandilla que lo denigraba, además de haberlo saqueado. Fue así como se logró que la actual administración cumpliera sus compromisos de campaña procediendo administrativa y penalmente contra los responsables de tantos excesos y se haya puesto en marcha una estrategia para resarcir los daños económicos y materiales causados por esos delincuentes.
Falta mucho pero ahora estamos en mejores condiciones para lograrlo. Habremos de insistir para que las autoridades cumplan la ley y procedan contra los malos funcionarios. Habremos de mantener y redoblar nuestras exigencias de transparencia y rendición de cuentas, a todos los empleados y funcionarios públicos, de todos los niveles, todo el tiempo de su desempeño.
Habremos de insistir en nuestra participación en el diseño e implementación de políticas públicas que sirvan a la sociedad, al interés de la ciudadanía, al margen de los intereses particulares o de grupo.
Nuestra posición no ha variado
Nos oponemos a la realización de obras públicas que responden al interés político de los gobernantes y no a las demandas y necesidades de la sociedad.
Nos oponemos a las decisiones caprichosas, que no respetan las leyes y reglamentos vigentes y que no surgen de ejercicios de planeación y de estudio, en todas sus partes y contemplando todas sus consecuencias.
Nos oponemos a las obras públicas que se deciden y realizan de manera autoritaria, sin escuchar a los afectados, sin tomar en cuenta la opinión de los especialistas e interesados.
Demandamos que las instancias de opinión y de consulta que la sociedad ha ganado en las estructuras gubernamentales, instancias de participación que garantizan las leyes vigentes, no sólo sean atendidas y respetadas, sino que cobren mayor relevancia, como respuesta a la exigencia ciudadana de participación en la toma de decisiones y a sus reclamos de transparencia gubernamental y rendición de cuentas de funcionarios y representantes populares.
No aceptamos, ni aceptaremos, nunca, que se utilice la violencia del estado en contra de ciudadanos que ejercen sus libertades. Pero resulta deleznable y cobarde que se utilice a pandillas de antisociales para agredir a ciudadanos, como sucedió el pasado 4 de julio en nuestra ciudad, grupos de golpeadores que actuaron con toda impunidad gracias a la protección brindada por las corporaciones policiales y que les refrendaron fiscales y jueces que tuercen la ley por consigna, en este caso de la titular del Poder Ejecutivo.
Exigimos sean llevados ante la justicia TODOS LOS RESPONSABLES de las agresiones del 4 de julio, todos, los responsables materiales y también los autores intelectuales.
Exigimos que la actuación de la fiscalía sea enmendada y que los expedientes se reformulen para que los responsables sean juzgados por agresión EN PANDILLA, con premeditación, alevosía y ventaja, agravantes que remiten, necesariamente, a las autoridades que convocaron y reunieron a los pandilleros, que los transportaron, que les dieron las órdenes y que los han protegido jurídicamente y cobijado política y laboralmente, antes y después del 4 de julio.
Exigimos a la Fiscalía General del Estado y a los integrantes del Poder Judicial dejen de brindar impunidad a los acusados atiendan las reiteradas denuncias penales interpuestas contra Ivonne Ortega, Angélica Araujo y colaboradores, algunos de ellas desde julio del 2011, sin que hasta el día de hoy hayan cumplido con su obligación de ofrecer justicia pronta y expedita, además de sujeta al derecho, agregaríamos nosotros con razones más que sobradas.
José Luis Sierra Villarreal.
Relación de organismos sociales que tuvieron alguna participación en la resistencia ciudadana por el túnel
Colegio Yucateco de Arquitectos
Colegio de Economistas
ICOMOS Yucatán (International Council of Museums and Sites)
DoCoMoMo Capítulo Yucatán (Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement)
Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
COPARMEX Yucatán;
CANACOME
CANIRAC
Plan Estratégico de Yucatán
Red de Maestros
Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF)
Sociedad Digital
Acciones Líderes
Frente Cívico Familiar
Kolectivo El Rebelde;
Asociación de Vecinos Polígono 108;
Asociación Vecinal Manzana 115
Movimiento Ciudadano para la Reflexión;
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial
Frente Estatal de Colonos Unidos de Yucatán FECUY
Sociedad en Movimiento
COKAY Estudios Sociales
Mérida Verde
Red Social contra la Represión y la Difamación
CIOAC (Central Indep. de Obreros Agrícolas y Campesinos)
Asociación por los Derechos de los Animales en Yucatán A.C. (ADAY)
INFOLAICOS-LUBIC (Laicos Unidos por el Bien Común)
En redes sociales, grupos y páginas (se respeta la ortografía de F.B.):
A favor de Mérida
Coalicion Merida Harta
Resistencia Ciudadana Mérida
Mérida Opina
Aromas Organicos
SAVIA
HASTA AQUÍ, YA NO MÁS, TODOS SOMOS MÉXICO
Dejemos de Hacernos Pendejos (DHP Yucatán)
Vecinos Salvemos la Fuente
Real Politik
Red Yucatán
Instante Periodistico.
