Política se refiere a lo que es público, lo que es de todos. Lo público siempre está violentado por diversos intereses privados que quieren verse Beneficiados.
Éstos intereses privados gozan de privilegio por:
1) Porque la Administración pública lo permite, lo tolera, dándole inmunidad.
2) El poder que da la situación económica, social o política que da ventaja. Esto es el poder fáctico.
Ambos tipos de privilegios determinan la calidad de democracia y el grado de Gobernabilidad de una Entidad.
Éstos poderes fácticos traen muchas consecuencias y todas negativas a los ciudadanos de a pie cuando la Administración Pública no los regula.
Crean y fomentan monopolios, lo cual se traduce en alzas de precios que afectan a la población y a otros empresarios que se ven en desventaja.
La lucha de los ciudadanos de a pie para lograr participar en las decisiones de lo público, o contra éstos poderes fácticos, no sólo es legítima si no que es necesaria.
Los derechos de las personas para asociarse, para expresarse y para defenderse contra actos de las autoridades o de los poderes fácticos que no sólo deben respetarse, hay que fomentarlos.
Para al menos disminuir los privilegios hay dos vías.
1) Reformas legales tales como reglamentos Municipales, ampliar la ley de transparencia, etc.
2) Acuerdos entre las Administraciones Públicas y los Poderes Fácticos, acuerdos por la productividad, la competitividad, la libertad y la equidad en temas que regulen lo “Público”.
Las Administraciones Públicas se ven beneficiadas por éstos poderes fácticos. Recordemos que muchos de ellos financian campañas electorales o hacen de operadores políticos.
Los principales interesados en reducir la influencia de los poderes fácticos son los ciudadanos cuya única arma es la opinión pública que se traduce en votos, en presión social, en desalentar el consumo de productos y/o servicios y participación. Así pues, ciudadanos de a pie. Tenemos la palabra.
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